DE LA MONARQUÍA CONSTITUCIONAL A LA EXPERIENCIA DEMOCRÁTICA EN ESPAÑA (1845-1874)

 

ISABEL II (1843-1868)

 

Con el fin de acabar con la inestabilidad en que se venía moviendo el régimen español, a la caída de Espartero, Isabel II fue declarada en noviembre de 1843, con sólo 13 años, mayor de edad.

 

La década moderada (1844-1854)

 

En 1844 la reacción contra los progresistas y su líder y jefe de gobierno Olózaga, que había decretado la disolución de las Cortes, llevó al poder a los moderados durante los siguientes diez años. Su jefe, el general Narváez, llevó a cabo con mano firme una política de estabilidad.

 

El partido moderado lo integraban las clases medias ilustradas, las enriquecidas por la desamortización, la aristocracia latifundista y la burguesía en sentido estricto. De acuerdo con sus intereses se redactó la Constitución de 1845, mucho más moderada que la Constitución progresista de 1837.

 

Su política se caracterizó por la centralización y unificación del aparato administrativo del Estado: se recortaron los poderes de los ayuntamientos; se creó la Guardia Civil como fuerza armada del gobierno para garantizar la ley y el orden; se promulgó un nuevo Código Penal; se redactó un Plan de Estudios unificado, privando a las universidades de su tradicional independencia; se reformó la Hacienda...

 

Reforzado con estas medidas, saneado económicamente el Estado y con la mayoría del Ejército de su parte, le fue fácil a Narváez controlar la situación en el interior del país y hacer abortar, primeramente, las nuevas insurrecciones carlistas desencadenadas a partir de 1846 en Cataluña, Aragón, Guipúzcoa y Navarra (el carlismo tenía ahora un nuevo pretendiente, Carlos Luis de Borbón y Braganza, hijo de don Carlos, y había superado sus divisiones internas) y, en segundo término, la tímida revuelta progresista que estalló en 1848 en Madrid, reflejo de las revoluciones europeas del mismo año. (La revolución del 48 fracasó en España por falta de respaldo de los progresistas, la falta de verdadera implicación popular y la eficaz represión de Narváez).

 

Sin embargo, a partir de 1848 comenzaron a aflorar problemas en el seno del propio Partido Moderado que, unidos a los planteados por la oposición, acabarían por desgastarlo e inutilizarlo como fuerza política. Entre estos problemas, el primero serio se planteó cuando Narváez, disconforme con la displicente actitud de sus partidarios, decidió retirarse. Ello constituyó un duro golpe para el moderantismo que, no obstante, trató de capearlo concediendo las riendas del gobierno a otro moderado ilustre, Bravo Murillo (1851). Sin embargo, si éste como administrador llevó a cabo la labor más relevante de su época (fue el primer gobierno español que publicó las cuentas del Estado y dio un impulso extraordinario a la red de ferrocarriles y a las obras del canal de Isabel II) y como político logró reanudar las relaciones con la Santa Sede, que habían quedado rotas con Espartero (Concordato de 1851), fracasó de modo rotundo al intentar imponer un régimen autoritario. A su caída (1852), su partido se halló tremendamente desgastado, a la par que muy desprestigiado entre sus adversarios, también por la salida a la luz pública de algunos escándalos financieros. En junio de 1854, una coalición de progresistas, de moderados ‘puritanos’ (= fracción del partido moderado recelosa de la tendencia excesivamente conservadora que iba tomando el partido), de generales y políticos, que se había venido configurando desde 1852, acabó por hacer estallar la revolución.

 

El bienio progresista (1854-1856)

 

El pronunciamiento de Vicálvaro (la famosa Vicalvarada) con que el general O’Donell (moderado puritano) inició esta revolución, no resolvió nada al principio. Pero la intervención a mediados de julio, a instancias de los progresistas, de importantes sectores del pueblo madrileño en favor de la revuelta, acabó por obligar a Sartorius, conde de San Luis, entonces jefe de gobierno, a dimitir. A continuación, con el fin de salvar la situación o, mejor dicho, la corona, Isabel II volvió a llamar a Espartero, que se había unido a los sublevados, y le encargó la formación de gobierno.

 

Pero si con el cambio político pudo salvarse la Corona, lo cierto es que el país vio incrementar sus problemas con la llegada al poder del progresismo, tan dividido como su antagonista.

 

No sólo dejó sin resolver el problema económico, sino que agravó el problema político-social con la desamortización de los bienes comunales (desamortización Madoz, 1855) y las medidas anticlericales, que de inmediato supusieron la ruptura, otra vez, del Concordato de 1851 y las relaciones con Roma. De ahí que tras la crisis de 1855-56, en la que fueron frecuentes los motines y alteraciones del orden (Barcelona, Andalucía y Cuenca del Duero), Espartero se viera obligado a dimitir.

 

Moderados y Unión Liberal (1856-1863)

 

A continuación, tras un gobierno interregno impuesto por la presencia de O’Donell (ministro de la guerra con Espartero), Narváez fue llamado de nuevo por la reina en 1856; decisión que no tuvo en cuenta los inconvenientes que podía representar el entregar el gobierno a un partido gastado y autoritario, en un momento en que el espíritu liberal había ganado terreno.

 

No es de extrañar por ello que muy pronto, tras un bienio tan sólo de mantenimiento (1856-58), el viejo sistema moderado se viese obligado a ceder también ante el empuje de la Unión Liberal, partido de centro que se había ido formando, a instancias de O’Donell, con gentes descontentas pero templadas de los dos viejos partidos históricos (los progresistas de Espartero y los moderados de Narváez).

 

La época de la Unión Liberal (1858-1863) fue la más estable de la España constitucional, por varios factores: Primeramente, por el nuevo talante político, mezcla de tolerancia y pragmatismo, que supo contentar a la oligarquía, sentando las bases del futuro caciquismo, y controlar a los militares con mano suave pero firme. En segundo lugar, fue un período de prosperidad económica, propiciado por una coyuntura claramente expansiva que favoreció la movilización de capitales. Y aunque éstos se dirigieron fundamentalmente a los ferrocarriles, patronos y obreros se beneficiaron del aumento de las inversiones en general. Finalmente, fue una época dorada en el terreno de la política exterior: de entonces datan las expediciones militares a Conchinchina, Méjico (1861), Chile, Marruecos (que acabó con la toma de Tetuán en 1860) y, por último, la restauración temporal del dominio de España sobre Santo Domingo.

 

Hundimiento del régimen (1863-1868)

 

Pese a todas estas positivas realizaciones, ya desde muy pronto pudo advertirse que la Unión Liberal no lograría sobrevivir a la caída de su líder. Por ello, cuando O’Donell cayó en 1863, el partido se vino abajo.

 

Tras la dimisión de O’Donell, la reina podía haber ofrecido nuevamente el poder a los progresistas, asegurando así una dinámica bipartidista, al estilo de la británica que tan buenos resultados estaba dando. En lugar de eso, volvió a llamar a Narváez. Su actitud frustró la consolidación del liberalismo en España.

 

El partido progresista, viéndose marginado en la vida política tanto por la postura de la reina como por el funcionamiento de las elecciones, optó por la abstención. Paralelamente, se produjo en su seno un relevo generacional. La vieja guardia fue sustituida por nuevos políticos entre los que pronto descolló Práxedes Mateo Sagasta. También se produjo el relevo de los militares: a Espartero le sucedió el general Prim, avalado por sus éxitos en Marruecos y en Méjico.

 

Fallecido O’Donell (noviembre de 1867), los unionistas se incorporaron a la coalición demócrata-progresista firmante del pacto de Ostende (julio 1866), donde se llegó al acuerdo de derribar el trono de Isabel II. A partir de 1867 la Corona se halló ya, por tanto, con el solo apoyo de los moderados y del Ejército que, como consecuencia de unas medidas de destierro dictadas por González Bravo -sucesor de Narváez- contra varios generales, se incorporó a la conspiración. En estas condiciones, perdida ahora también la confianza de buena parte del Ejército, la causa isabelina no pudo hacer otra cosa que limitarse a esperar su fin.

 

En septiembre de 1868 la coalición de unionistas, progresistas y demócratas (® estos últimos eran figuras de la intelectualidad española -Castelar, Pi y Margall...-, que coincidían sólo con los progresistas en la necesidad de una revolución que restableciese una auténtica soberanía nacional, pero preconizaban la república como única forma lógica de gobierno, prescindían de todo contacto con la Iglesia y en la cuestión social, sin renunciar a un liberalismo doctrinario, mantenían contacto con las nuevas doctrinas del socialismo) hizo estallar la revolución en Cádiz, Sevilla y Málaga, que muy pronto siguió en Cataluña y Valencia, donde también se proclamaron las “libertades fundamentales” y el sufragio universal. Ante ello, el Gobierno isabelino se apresuró a organizar el ejército adicto a la reina para sofocar la rebelión. Pero el 28 de septiembre, el general Serrano batió a las tropas gubernamentales. La Revolución de Septiembre de 1868 (la “Gloriosa”) había triunfado. Isabel II cruzó la frontera de Francia.

 

En Madrid se constituyó un gobierno provisional que convocó elecciones generales, restableciendo las libertades fundamentales y el sufragio universal. De esta manera triunfaban en España, 20 años después, los ideales que habían conmovido Europa en 1848.

 

EL SEXENIO REVOLUCIONARIO (1868-1874)  GOBIERNO PROVISIONAL (1868-1871)

 

El triunfo de la Revolución de Septiembre de 1868 supuso el derribo de la monarquía de Isabel II.

 

El primer paso dado por los vencedores fue la formación de un Gobierno provisional. El nuevo Gobierno quedó constituido con cinco progresistas y cuatro unionistas bajo la presidencia del general Serrano (líder de la viejo Unión Liberal y general victorioso en la batalla de Alcolea frente a las fuerzas isabelinas), todos monárquicos, por tanto; pese a lo cual llevó a cabo una verdadera institucionalización democrática del régimen.

 

A partir del 15 de octubre de 1868, Serrano fue reconociendo las diversas libertades (de enseñanza, de imprenta, de asociación, de reunión pacífica, de residencia, de cultos) y el derecho de todos los ciudadanos, mayores de 25 años y con derecho de vecindad (25 % de la población), a la participación política (sufragio universal).

 

Sobre estas bases, el Gobierno llevó a cabo algo jamás intentado hasta aquel momento en España, la convocatoria de elecciones por sufragio universal con el fin de designar los diputados de la única cámara de que debían componerse las Cortes Constituyentes. Una vez reunidas, tras una intensa campaña electoral (resultaron victoriosos los monárquicos progresistas, seguidos de los monárquicos unionistas y de los demócratas federales -fracción ésta del Partido Demócrata-), aprobaron una nueva Constitución.

 

La Constitución de 1869 establece, como forma de gobierno, la monarquía constitucional (en conformidad con el casi común sentir de las Cortes Constituyentes) y, como sistema representativo, las Cortes bicamerales (con un Senado que debería en su momento ser elegido por las provincias), elegidas por medio del sufragio universal masculino. Esta Constitución contiene una declaración de derechos y libertades, triunfando la idea de libertad de cultos y la soberanía nacional.

 

Al proclamarse como forma de gobierno la monarquía, las propias Cortes, en consecuencia, hubieron de nombrar una Regencia, cuya presidencia recayó en Serrano, el cual nombró a Prim como Jefe de Gobierno.

 

La Regencia de Serrano tiene como tarea primordial la búsqueda de un monarca para el trono español, lo que produce la división entre el grupo de monárquicos, ya que mientras unos apoyan la candidatura del rey de Portugal (Fernando Coburgo), otros apoyan la candidatura del duque de Montpensier (el cuñado de Isabel II), mientras que los demócratas tienen como candidato a Amadeo de Saboya.

 

Prim, como jefe de gobierno de la Regencia, intentará por todos los medios que el candidato elegido sea bien visto por todos los partidos políticos españoles e incluso por las potencias europeas (→ el apoyo por parte de Prusia al candidato Leopoldo de Hohenzollern provocará el rechazo de Francia y será el detonante de la guerra franco-prusiana en 1870, con la consiguiente caída de Napoleón III).

 

Por una u otra razón fueron rechazadas a lo largo de un año hasta 13 candidaturas al menos. Y, al cabo, la elección recayó en la persona de Amadeo de Saboya (hijo de Víctor Manuel II de Italia), por el prestigio de la casa de Saboya al haber realizado la unificación italiana y, sobre todo, porque era el candidato de Prim. Por primera vez, España cuenta con una monarquía “popular” ya que es el pueblo soberano quien elige al monarca frente a la monarquía borbónica que se apoya en la tradición.

 

REINADO DE AMADEO I (1871-1873)

 

Dos días antes de que el nuevo monarca desembarcara en Cartagena fue asesinado el general Prim en Madrid (la fracción más exaltada de los republicanos federales no podía perdonarle el que hubiese hecho desembocar la revolución de septiembre hacia una monarquía). La monarquía quedaba desde el principio en situación de orfandad, porque la inmensa mayoría de los españoles (fuerzas políticas y pueblo) jamás le prestaría apoyo.

 

Ante tal situación, planteada desde el primer momento y prolongada a lo largo de todo su fugaz reinado, Amadeo trató de buscar fórmulas que propiciasen el gobierno, como la creación de un sistema de turno parlamentario (turnismo: preludio del sistema de la Restauración) con las dos únicas fuerzas políticas que sostenían su causa: los ‘constitucionales’, dirigidos por Sagasta, y los ‘radicales’, acaudillados por Ruiz Zorrilla, que no supieron articularse adecuadamente para poder proporcionar estabilidad política al país.

 

Mientras tanto, los carlistas se habían alzado en armas de nuevo (tercera guerra carlista, 1872) y crecía el sentimiento republicano en el pueblo, a lo que hay que añadir la rivalidad entre Ruiz Zorrilla y Sagasta, que debilitaba todavía más los pilares sobre los que descansaba la monarquía recién instaurada.

 

Amadeo I comprendió que no podría reinar constitucionalmente sobre aquel volcán político que era España y renunció al trono el 11 de febrero de 1873, poco más de dos años después de haber sido proclamado rey por las Cortes españolas.

 

PRIMERA REPÚBLICA (1873-1874)

 

La primera noche del día en que dimitió Amadeo de Saboya, reunidas las Cortes en Asamblea Nacional, decidieron proclamar la República. Su presidencia fue otorgada a Estanislao Figueras. Pero el nuevo régimen tampoco mejoró situaciones precedentes. Antes al contrario, durante aquellos once meses, el país se vería sumergido en un estado de indescriptible anarquía, en una situación incomparablemente peor que las anteriores.

 

Durante los once meses de República, el poder ejecutivo estuvo en manos de 4 presidentes (Figueras, Pi i Margall, Salmerón y Castelar) pudiendo establecerse dos modalidades distintas: República Federal (federación de diversos estados, como EEUU) y República Autoritaria (unitaria).

 

La República Federal (1873).- La orientación federalista que va a tomar la República fue concebida por dos hombres pertenecientes a la periferia, Figueras y Pi i Margall. Ellos impusieron en la concepción federal las ideas de hombres periféricos y la concepción socio-económica propia del levante español que, dominado por el anarquismo propugnado por Fanelli (discípulo de Bakunin) va a derivar hacia el extremismo radical.

 

Sucedió durante la presidencia de Pi i Margall cuando estalló la sublevación cantonal. A partir de la proclamación de la República de Cataluña por parte de la Diputación de Barcelona, el país se fue disgregando en “cantones” o “repúblicas independientes” preconizadoras de un sistema federal: las de Málaga, Granada, Cádiz, Sevilla, Valencia, Utrera (que se desgajó de la de Sevilla), Jaén (que hizo lo propio de la de Granada) y un largo etcétera del que lo más importante sería la Cantonal Cartagena que, disponiendo de la escuadra y una poderosa guarnición, llegó a declarar la guerra a Madrid.

 

La situación se agravó por la virulencia que por esas mismas fechas adquirió otra vez en el norte la guerra carlista. Ampliamente superado por la situación y, probablemente, también muy impresionado por la equivocada interpretación que los españoles acababan de hacer de su propia doctrina federal, Pi i Margall dimitió a los pocos días de haberse hecho cargo del poder. Esta concepción radical del federalismo republicano pondrá sobre el tapete la existencia física de España como nación.

 

El caos político provocado dio lugar a dos tipos de reacción: una militar y otra política, ambas tendentes a la unidad del país.

 

La República Autoritaria (1874).- Después de Pi i Margall fue nombrado Nicolás Salmerón, partidario de un sistema de gobierno basado en una República radical unitaria, no federal.

 

Durante la presidencia de Salmerón, y por su expreso deseo, se logró la sumisión de los cantones de Valencia y Alcoy (labor que corrió a cargo del general Martínez Campos) y de Córdoba, Sevilla, Cádiz y Granada (por mediación del general Pavía). Pero cuando llegó la hora de ratificar las varias condenas a muerte que resultaron para los cantonalistas, el presidente se negó a hacerlo (era enemigo de la pena capital). En consecuencia, presentó su dimisión, siendo sustituido por Emilio Castelar.

 

Con Castelar el nuevo régimen todavía giró más a la derecha que con Salmerón. Quedó convertido en República unitaria conservadora.

 

Castelar obtiene de las Cámaras poderes extraordinarios, casi autoritarios, con el fin de restablecer la unidad política de la nación ante los problemas que tuvo que afrontar: indisciplina en el ejército, la guerra carlista y la lucha contra los cantonalistas. Castelar sancionó aquellas penas de muerte, reorganizó el cuerpo de artillería (en su empeño de robustecer el Ejército y restablecer el orden, éste se convertirá en árbitro de la situación política), reanudó las relaciones con la Santa Sede y venció por mar (a través del contralmirante Lobo) el cantón de Cartagena. Sin embargo, la rebelión carlista no había podido ser sofocada y los propios republicanos están multidivididos. Cuando el 2 de enero de 1874 se reunieron las Cortes, una votación adversa derribaba a Castelar de la jefatura del Estado. A continuación, las Cortes intentaron elegir a Eduardo Palanca como quinto presidente. Pero esta última elección no pudo llevarse a efecto por el golpe de estado de Pavía, capitán general de Madrid, que ocupó militarmente el Congreso, expulsando a los representantes de la nación. En adelante, el Poder Ejecutivo republicano, por deseo expreso de los capitanes generales reunidos en Madrid, pasó a manos del general Serrano, iniciándose de este modo el Régimen de la Interinidad.

 

LA INTERINIDAD (1874)

 

Durante esta fase de algo menos de un año, Serrano ejerció una curiosa especie de dictadura: suspendió las garantías constitucionales disolviendo inmediatamente las Cortes y organizó un Gobierno provisional, con el nombramiento de un gobernador general (Zabala), que prosiguió la liquidación del cantón de Cartagena (ocupado finalmente el 13 de enero por el general López Domínguez) y la guerra carlista (que sin embargo no sería concluida hasta 1876).

 

Durante la República, se había ido formando un partido restaurador que veía en la persona de Alfonso (hijo de Isabel II) la restauración de la monarquía borbónica, dirigido por Canovas del Castillo. El partido “alfonsino” comenzó a tener un enorme arraigo en todas las clases sociales a las que la anarquía hacía la vida imposible y, sobre todo, entre los jefes y oficiales del Ejército, a los cuales se obligaba a combatir contra los carlistas y los cantonalistas.

 

El gobierno de Serrano, carente de un ideal y aún de un programa de gobierno, no pudo contrarrestar una hábil propaganda a favor de Alfonso (Alfonso dirige un manifiesto -redactado por Canovas- prometiendo paz y convivencia política a los españoles, intentándolos convencer para que acepten la restauración borbónica).

 

Precipitó el triunfo de la restauración el pronunciamiento de Martínez Campos (Sagunto, 29 de diciembre de 1874) proclamando rey de España a Alfonso XII.

 

Había muerto la Primera República y nacía la Restauración.