Lista de batallas de la Guerra Civil Mundial 1903-1914: Italia, período giolittiano: crecimiento industrial del país, reformas sociales, aprobación del sufragio universal masculino.
Giovanni Giolitti (Mondovi, Piamonte, 1842 - Cavour, Piamonte, 1928) Hijo de campesinos, se licenció en Derecho por la Universidad de Turín en 1861. Entró enseguida al servicio del Estado italiano, recién unificado por impulso de su país natal, el Piamonte. De la administración pasó a la política, en la que ascendió rápidamente, diputado (desde 1882), ministro (de Hacienda en 1889-90, del Interior en 1901-03) y primer ministro (en 1892-93, 1903-05, 1906-09 y 1911-14). Durante su mandato como primer ministro (1892-1893) se apoyó sobre una inestable coalición con hegemonía liberal y apoyos católicos y socialistas, que venía a representar la izquierda del régimen monárquico italiano. Llevó adelante un programa avanzado en el que figuraban muchas demandas tradicionales de los socialistas: el derecho de los trabajadores a la huelga, nacionalización los ferrocarriles, reconocimiento oficial de los sindicatos; e introdujo reformas sociales en favor de las clases trabajadoras en terrenos como sanidad, vivienda, pensiones, relaciones laborales y condiciones de trabajo. Fue la necesidad de contar con apoyos parlamentarios para mantenerse en el poder que le llevó a practicar un estilo político amoral (el giolittismo), que consistía en maniobrar continuamente para ganarse aliados y dividir a sus adversarios, manipular las consultas electorales y pasar por encima de los principios para sostener coaliciones meramente coyunturales, lo cual corrompía la esencia del régimen representativo y contribuía al descrédito del parlamentarismo liberal de la Italia postunitaria. Por fin tuvo que dimitir después de verse implicado en un escándalo financiero. Y volvió a presidir el gobierno desde 1903 hasta 1905. También fue primer ministro de amplios gabinetes de coalición (1906-1909, 1911-1914), a los que dirigió con gran habilidad. Durante este periodo, consiguió la aprobación de una ley sobre el seguro social y la introducción del sufragio universal para los varones. En el mandato de 1911-1912, estalló un conflicto entre Italia y Turquía que concluyó con la anexión de Libia y las islas del Dodecaneso. Cuando comenzó la I Guerra Mundial, Giolitti, que ya no se encontraba en el poder, intentó infructuosamente que Italia se mantuviera neutral. Volvió a ser primer ministro durante los agitados años de la posguerra (1920-1921) y formó una alianza con Benito Mussolini, lo cual incrementó el prestigio de este último y le facilitó la toma del poder en 1922. Giolitti falleció el 18 de julio de 1928. -------------------------------------------------------------------------------- GABRIELE RANZATO Bases de la crisis del parlamentarismo en Italia y España En primer lugar quisiera
anteponer a mis consideraciones de carácter comparativo sobre
la crisis del parlamentarismo en Italia y España en los dos
primeros decenios del siglo XX, algunas palabras de explicación
acerca de la comparación, o mejor dicho del tipo de comparación
que me propongo realizar. No queriendo demorarme demasiado sobre el
tema, declaro de entrada que considero la brújula de toda comparación
eficaz, el criterio que expresaba Tocqueville, cuando en L'Ancien
régime et la révolution escribía que nadie que
conociese sólo Francia y su historia, podía entender
la gran revolución de 1789. Con esto quiero decir que, mientras
que tengo la mayor reserva hacia cierto tipo de comparación
muy difuso que se presenta como una definición de fenómenos
o procesos de carácter general —ya que muy a menudo se
trata de una pseudocomparación al servicio de tesis predeterminadas—,
la comparación me parece en cambio, no sólo útil
sino necesaria, si apunta a un problema concreto, si se propone el
mejor entendimiento de un fenómeno que se presenta en un determinado
territorio, de escala regional o nacional, y que, en una primera aproximación,
presenta analogías con fenómenos que se dan o se han
dado en otros territorios de la misma escala. Ajustándolo al
tema que voy a tratar, el criterio de Tocqueville podría traducirse
en el sentido de que no se puede entender la crisis del parlamentarismo
en España, o en Italia, limitándose a analizar la crisis
del parlamentarismo español o italiano. Y que por lo tanto
el entendimiento de cada uno de esos fenómenos puede, y casi
diría que debe, valerse de la mutua comparación. Obviamente
esto no da por descontado que se trate de variantes nacionales de
un mismo fenómeno, porque la utilidad de la comparación
deriva tanto de las analogías como de las diferencias. -------------------------------------------------------------------------------- 2. LAS RAZONES DEL DESPRESTIGIO:
LAS ELECCIONES Ya he tratado este tema en un artículo y quisiera
ser sintético, para dedicar luego más espacio a otro
aspecto, es decir, el de la actuación concreta de los diputados.
Por lo que se refiere a las elecciones, si nos atenemos a los testimonios
y las denuncias de la época, que posteriormente han encontrado
un eco en el juicio de gran parte de la historiografía, el
caso de Italia no se nos presenta muy distinto del español.
Por ejemplo, en la Storia d'ltalia Einaudi, Ernesto Regionieri, a
propósito de las elecciones de 1892, ha escrito que: «Giolitti
tiizo las elecciones políticas como ninguno de los anteriores
gobiernos italianos, extremando y perfeccionando todos los instrumentos
de intervención y presión anteriormente experimentados».
Y posteriormente, refiriéndose a las elecciones de 1913, las
primeras con sufragio universal, también presididas por Giolitti,
escribe: «Los métodos tradicionales
de corrupción y de presión de los órganos periféricos
del Estado dieron lugar, particularmente en la Italia meridional,
pero más o menos en todas las áreas rurales más
atrasadas, a una sólida campaña de intimidaciones y
violencias en la que el aparato del Estado alternábase con
la intervención activa de bandas de matones y de la mafia».
Lo que importa destacar es por lo tanto que, lejos de haberlos inventado
Giolitti, «los métodos de corrupción
y de presión de los órganos periféricos del Estado»,
eran, como dice Ragionieri, «tradicionales», y que el
hombre de Estado piamontés no había hecho más
que extremar y perfeccionar «todos los
instrumentos de intervención y presión anteriormente
experimentados». Por otra parte, la afirmación
de Ragionieri se fundamentaba en múltiples e ilustres testimonios.
Pasquale Turiello y Gaetano Mosca, por citar sólo algunos de
los más destacados, han dejado páginas muy significativas
sobre la práctica de adulteración del voto y de intervención
gubernamental en las elecciones. Del período giolittiano son
conocidas las ásperas denuncias de la corrupción electoral
por parte de Gaetano Salvemini, que en su conocido panfleto dedicado
a Giolitti, que lleva el significativo título ministro
della malavita, escribía: «El
señor Giolitti seguramente no es el primer hombre de gobierno
de la Italia unida que considere el Mezzogiorno como tierra de conquista
(...). Pero nadie ha sido tan brutal, tan cínico, tan falto
de escrúpulos como él (...); nadie ha empleado tan sistemática
y descaradamente, en las elecciones del Mezzogiorno, todo tipo de
crímenes y violencias». Para probar sus
acusaciones Salvemini transcribía varios documentos entre los
que destaca la carta enviada a un candidato en la proximidad de las
elecciones por parte del alcalde de un pueblo pullés, que así
le escribía: «El prefetto Caracciolo
ha sido muy débil y me ha auxiliado mucho, especialmente en
el trabajo de eliminación. Sin embargo le veo algo escrupuloso
a propósito de los medios que yo le propongo para conseguir
el fin común. ¡Sería oportuna, urgentísima,
la disolución del ayuntamiento de Canosa!... Infundiría
un verdadero terror y el triunfo sería asegurado (...). Se
precisan delegados decididos e incondicionales. Se necesita la renovación
inmediata del sargento de los carabinieri de Ruvo, y tantas otras
cosas que el prefetto puede acordar sin más trámites».
El documento transcrito por Salvennini ilustra una realidad que resulta
nnuy familiar, hasta en la terminología —disolución
de ayuntamientos, delegados, etc.— para los que conocen las
vicisitudes electorales de la España de este mismo período.
Sin embargo, si en la comparación pasamos del ámbito
de los casos específicos, de las denuncias y de los testimonios,
al ámbito de los datos cuantitativos, nos encontramos ante
una relevante diferencia. De hecho, asumiendo como indicador de la
extensión de las adulteraciones electorales, el número
de las impugnaciones de elecciones por fraude que, en ambos países,
llegaron a los organismos llamados a fallar sobre dichas impugnaciones,
en el período que va de 1904 a 1914 —período que
comprende los comicios italianos de 1904, 1907 y 1913 y los españoles
de 1907, 1910 y 1914— nos encontramos con que el número
de las elecciones fraudulentas —es decir, aquellas en que para
el resultado fueron determinantes efectivas violencias, trampas y
fraudes— fue mucho menor en Italia que en España, además
de estar concentradas en gran medida en el Mezzogiorno. Y esto a pesar
de que el período elegido para la comparación es para
Italia la época giolittiana, es decir, la que bajo el perfil
de la probidad electoral tiene la peor fama. De hecho en los tres
comicios italianos las elecciones impugnadas fueron siempre menos
de la décima parte de los escaños, mientras que en los
españoles se va de la cuarta parte hasta lindar la mitad en
los de 1914. Descontando cierta proporcionalidad entre elecciones
impugnadas y las efectivamente fraudulentas, la indicación
no podría ser más clara. Por otra parte una convalidación
de la veracidad de esta indicación la encontramos también,
por lo que se refiere a Italia, en un testigo digno de crédito,
es decir el mismo Gaetano Salvemini, que, ante la proximidad de las
elecciones de 1913, en un artículo publicado en L'Unitá,
escribía: «[El gobierno] concentra
sus fuerzas sólo en aquellos puntos en donde le es preciso
hacer triunfar un servidor del ministerio y aplastar el candidato
de la oposición. No son nunca más de un par de docenas
de distritos en todo el Mezzogiorno»". La mera consideración
de los datos cuantitativos llevaría por lo tanto a la conclusión
de que las elecciones en Italia fueron, a pesar de su fama, mucho
más correctas que en España. Sin embargo, sobre todo
si nos ceñimos a las del Mezzogiorno, la desproporción
abarca sólo las elecciones fraudulentas que las fuentes utilizadas
documentan. Lo cual no implica que las elecciones italianas fuesen
modélicas. Lo que caracteriza el caso italiano con respecto
al español es el grado de incidencia del voto clientelar, es
decir el voto conseguido a cambio de favores, que sobre todo en el
Mezzogiorno fue la casi totalidad del voto que se emitía. Ahora
bien, a pesar de ser objeto de general reprobación, una notable
proporción de voto clientelar no sólo está presente
en las elecciones de todos los países, sino que se puede considerar
consustancial al sistema liberal-democrático, un sistema en
que, más allá de los principios, va sobreentendido que
la mayoría de los electores votan no teniendo claras ideas
sobre cómo y por qué se debe gobernar un país,
y por lo tanto se dejan guiar por intereses de corto o mediano alcance.
Lo peculiar de la España de este período es más
bien una relativa baja incidencia de este tipo de voto. Cosa que por
otra parte iba implícita en la misma regla del turno, cuya
constancia en el funcionamiento no podía fundarse más
que en el fraude. La razón de fondo de este mayor peso del
fraude en España y por lo tanto el mayor desprestigio del sistema
parlamentario, estribaba básicamente en una menor disponibilidad
de recursos de parte de los que competían para los escaños
de diputado y sobre todo de parte de los gobiernos; lo cual impedía
el funcionamiento en gran escala de aquel mecanismo que funcionaba
en las elecciones italianas, es decir el intercambio de favores y
beneficios con votos. En la España de aquel entonces esos beneficios
eran la meta de la contienda electoral, y por lo tanto no se podían
derrochar para conseguir un poder político que, de tal forma
hubiese quedado en gran parte vacío de recursos. Por otro lado,
esa limitación de recursos hacía también precisa
para la estabilidad del sistema, la alternancia en su aprovechamiento.
De ahí la necesidad del turno, y otra vez del fraude, para
vencer las resistencias, tanto de las clientelas que no querían
aceptar la alternancia como, en menor medida, de aquella parte del
electorado constantemente excluida del reparto. Los gobernantes españoles
no tenían tantas posibilidades como los italianos de construir
carreteras, puentes, escuelas, cuarteles, etc.; o de procurar créditos,
descontar impuestos, o crear muchos empleos, para conseguir votos.
Por eso los Silvela, los Canalejas, los Maura, etc., a menudo al margen
de su voluntad subjetiva, fueron condenados sin remedio por la escasez,
a jugar sólo el papel de grandes sacerdotes de la regla del
turno. 4. FRONTERAS LÁBILES: POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN El contexto en que se desarrollaba esa labor de los diputados y que caracterizaba particularmente el caso español es evidentemente el de una confusión y casi indistinción entre los agentes de la política y los de la administración. Así que ni los segundos estaban claramente subordinados a los primeros, ni la discrecionalidad del político trasladada al campo administrativo se advertía claramente como ilícita. Esta peculiaridad del caso español adquiere el máximo relieve si se observa la extrema intercambiabilidad y confusión entre personal político y personal administrativo que abarcaba prácticamente todas las ramas de la administración. En primer lugar tenemos el ejemplo de los gobernadores civiles. El estudio de Bernard Richard ha puesto de relieve el origen prevalentemente político de los titulares de aquel cargo, ya que el 68 por 100 de los que lo ocuparon entre 1874 y 1923, resultan haber sido an-teriormente diputados provinciales, diputados a Cortes o senadores. Pero no fue tanto ésta la particularidad del caso español —ya que prefetti de origen político hubo, si bien en menor medida, tanto en Italia como en Francia —sino más bien el fenómeno inverso absolutamente insólito en los otros países, es decir, el de diputados que procedían de las filas de los gobernadores civiles. Por ejemplo en las Cortes de 1910 había 33 diputados que habían ocupado el cargo de gobernador y gobernadores fueron no pocos ministros y políticos de primera fila, como González Besada, Ruiz Jiménez y Juan de la Cierva. El de los gobernadores civiles no es un ejemplo aislado sino uno de los muchos que muestran la casi absoluta confusión de personal político y personal administrativo que abarcaba prácticamente todas las ramas de la administración española. Lo más significativo a este respecto es el hecho de que, si bien la ley de 1880 sobre incompatibilidades parlamentarias limitaba a una restringida clase de funcionarios públicos la posibilidad de acceder a las Cortes, ésta se fue ampliando a través de interpretaciones extensivas de la ley y normas complementarias. Y sobre todo, aunque la ley —al igual que la ley italiana sobre incompatibilidades parlamentarias— fijó un techo de 40 miembros de la administración pública que podrían sentarse en el Congreso, este número fue a menudo ampliamente superado. A pesar de las medidas encaminadas a limitar los abusos y de las denuncias periódicamente pronunciadas en el mismo recinto de las Cortes, «la ley de incompatibilidades, que dependía para su aplicación de la buena voluntad del Gobierno y de la mayoría, es decir de los posibles afectados de la misma, se tornaba precisamente por ello mismo en una norma huera cuya utilidad práctica era inexistente». De ahí la crecida dimensión de la violación de esa ley. Así que, por ejemplo, en las Cortes de 1901 los dependientes de la administración pública eran 87, y en las de 1918 eran 108, es decir más de la cuarta parte de los diputados. Y entre ellos generalmente estaban los más altos cargos de la administración del Estado, como, por ejemplo, el Fiscal del Supremo, el Presidente del Tribunal de Cuentas y muchos Directores generales de varios ministerios. También en este caso funcionaba la posibilidad del pasaje inverso; es decir que el sólo requisito de ex-diputado podía bastar para acceder a los cargos de la administración. El fenómeno fue tan extenso que también en este caso se presentaron varios proyectos de ley para eliminarlo, a partir del presentado por García Alix en 1891, en cuyo preámbulo se leía: «Desde hace bastante tiempo la opinión pública por sus órganos y medios de manifestación, se ha pronunciado en el sentido de evitar que los altos puestos de la administración se ocupen sin más títulos ni méritos que aquellos que nacen de la elección para Diputados a Cortes», y cuyo artículo único decía: «El cargo de Diputado, por sí solo y sin que concurran en la persona que lo desempeña las condiciones de carrera y servicio del Estado exigidas por la ley (...) no dará derecho para obtener ningún destino en la Administración Pública». Sucesivamente también Francisco Sílvela introdujo en un proyecto de ley relativo a toda la materia de las incompatibilidades una norma que tenía el mismo objeto. En su preámbulo se leía: «Se ha unido a este proyecto un precepto que quizá se estimará por algunos un tanto ajeno a su propia materia, en el que se excluye para lo por venir el cargo de Diputado o Senador de las condiciones de aptitud para las funciones administrativas; pero no es ciertamente ajeno a la finalidad de la ley, que no es otra que la de contribuir a la efectiva se-paración de las funciones administrativas de la vida y acción del Parlamento». Pero era imposible, a través de una simple iniciativa legislativa, aunque fuese respaldada por el prestigio de un Silvela, eliminar una práctica que a fin de cuentas resumía el sentido de todo el sistema. Así que ni su proyecto, ni otros parecidos, se convirtieron en ley. Y, si bien la especialización de algunas tareas administrativas y la implícita creación de cuerpos de funcionarios de carrera limitaron el fenómeno de los nombramientos políticos en puestos que exigían una concreta capacitación, el turno se mantuvo vigente también por lo que se refiere al acceso a los cargos de la administración. Lo cual quiere decir que se mantuvo el turno en el aprovechamiento de las oportunidades para las clientelas logradas por el control de la máquina administrativa. 5. COMPATIBILIDADES ENTRE CLIENTELISMO, CORRUPCIÓN Y «GRANDE POLÍTICA» Aunque sea oportuno subrayar esta importante diferencia entre los dos países que estamos comparando —ya que en Italia la administración estuvo mucho más separada de la política, lo cual no quiere decir que fuese independiente—, no es sin embargo la sola personalización, cuando no la corrupción, de la administración pública la que pueda explicar la crisis de desprestigio y el fracaso de todo un sistema político-administrativo, como el que indudablemente padeció el español, y que desembocó en la dictadura. Es sabido que también en el sistema italiano prosperaba la corrupción. El denominado affarismo de los diputados italianos fue objeto de denuncias constantes. A los diputados de las Cámaras de Giolitti, que debían en gran medida el cargo a sus favores, se les llamaba los ascari; es decir, que se les aplicaba el nombre de las tropas indígenas de las colonias, tropas de incondicionales a sueldo. Y el sueldo, en el caso de los diputados, era la satisfacción de los apetitos de las clientelas locales. El ejemplo más evidente de que cierto nivel de corrupción no puede llevar por sí mismo a la disolución de un sistema liberal es el de Estados Unidos, más o menos en este mismo período, es decir entre finales del siglo XIX y los primeros decenios del siglo xx. El aprovechamiento de la administración pública para intereses particulares acaso en ningún país ha llegado a niveles tan altos, no sólo porque es allí donde se ha inventado el spolls system, sino por el grado de franqueza, hasta la desfachatez, con que muchos candidatos se declaraban al servicio de intereses que no tenían nada que ver con el bien de la nación. Y algunos hasta llegaron a teorizar la legitimidad de sus mismos intereses personales. En este sentido el caso más significativo es el del diputado George Washington Plunkitt del distrito de Nueva York que en muchos discursos y escritos mantuvo la conveniencia del interés personal del diputado, distinguiendo entre concusión honesta y deshonesta. En un famoso artículo publicado en 1905 por ejemplo, refiriéndose a su partido escribía: «Sí, es cierto, muchos de nuestros hombres se han hecho ricos con la política. Entre ellos yo mismo. He acumulado una gran fortuna, y cada día me vuelvo más rico, pero nunca he practicado la concusión deshonesta —es decir chantajear a tablajeros, rufianes, etc.—, ni lo han hecho los demás que en virtud de la política han reunido grandes capitales. Existe una concusión honesta y yo soy un ejemplo viviente de cómo funciona. Dejadme explicar con un ejemplo. Mi partido está en el poder y está a punto de emprender unas obras públicas, por ejemplo, la construcción de un nuevo parque. Yo veo la buena ocasión y la cojo al vuelo. Me precipito a comprar cuantas más tierras puedo en la zona. Luego, cuando la administración hace público el proyecto, se abre la carrera a la compra de esas tierras que antes no interesaban a nadie. ¿No es perfectamente honesto exigir un buen precio y realizar una ganancia sobre mi inversión y mi buena vista? Sí que lo es, y ésta es la que llamo concusión honesta». Se trata de un caso que por no ser aislado, y en cualquier caso por ser público y teniendo conno protagonista un diputado que representó a sus electores en el Congreso de Estados Unidos durante quince años, es muy significativo. Y es muy significativo que, a pesar de la amplia difusión en aquella época de este sistema de los bosses y de la machirie politics, el régimen liberal de Estados Unidos nunca peligró, como nunca peligró en Italia en la época de Giolitti. La razón de esto estriba básicamente en el hecho de que en estos países esa política personalista, clientelista y hasta corrupta, no impidió y hasta llegó en algunos momentos a ser funcional a equilibrios que permitían el desarrollo de una política de grandes vuelos. Aunque la mayor independencia del ejecutivo con respecto al legislativo prevista en el sistema constitucional americano dejara más espacio a los presidentes para realizar una política menos influida por los pequeños intereses representados por los diputados, es indudable que no fue al margen del Congreso como se realizó en Estados Unidos, a partir de los últimos dos decenios del siglo XIX, una política que favoreció la gran expansión económica y consecuentemente imperialista de aquel país. Igualmente y más aún la política de Giolitti dirigida a realizar el despegue industrial de Italia y al mismo tiempo una mayor integración nacional de las masas populares a través de una legislación social que las beneficiara, tuvo como pieza básica esas Cámaras dóciles integradas por los ascari satisfechos con el logro de sus objetivos clientelares. Esto es lo que marca la diferencia entre España e Italia. Es decir, que en España la gran política fue atropellada y hecha inviable por la lógica de las clientelas. La lógica de las clientelas presidía el turno, y el turno impedía cualquier política de grandes vuelos. Si no por otra cosa, por la brevedad de permanencia en el poder de cualquier gobierno. Giolitti, con breves interrupciones, controló el poder durante quince años; en cambio el gobierno español de más larga duración en este período fue el denominado «gobierno largo» de Maura que duró dos años y pico. Es por esto por lo que es lícito preguntarse: ¿existió una política económica, existió una política social en España durante los dos primeros decenios del siglo XX? Es harto evidente que sólo existieron inevitablemente medidas fragmentarias, mientras que la única línea de continuidad fue la del spolls system identificada en la opinión con la política sin más, y capaz por lo tanto de desprestigiar toda la política y sus instituciones y dejar paso al golpe militar. Por lo tanto, a pesar de tener un desenlace parecido, los dos casos, el italiano y el español, tienen una marcada diferencia. Porque sólo en el caso de España se puede hablar de una verdadera crisis del sistema parlamentario como fundamento de una crisis general. En cambio en el caso de Italia el Parlamento, aunque haya crecido en representatividad, queda al margen de un movimiento de masas que, si no llega a ser verdaderamente revolucionario, constituye una amenaza o, en cualquier caso, impide un tranquilo desarrollo de la sociedad burguesa, para cuya continuidad hacía falta un régimen reaccionario, pero capaz de implicar a las masas. De ahí el diabólico invento italiano, desgraciadamente exportado en muchas partes del mundo, que fue el régimen fascista.
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